Investidura

Chivite promete a Bildu «impulsar la reparación» de los proetarras «víctimas» de la Policía

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Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El acuerdo entre el PSOE de Navarra, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para la investidura de María Chivite se desarrolla en un amplio documento con distintos ejes programáticos, entre ellos, las políticas de «memoria, paz, convivencia y derechos humanos». Entre las medidas que las tres formaciones se comprometen a llevar a cabo en la próxima legislatura se da una especial atención a la denominada «violencia de motivación política», con la que estos partidos se refieren a «la provocada por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos». Así, proponen, por ejemplo, «potenciar el programa Eskutik-De la mano «a todas las víctimas reconocidas de violencia política».

Este programa, implantado en 2017 y conocido como «víctimas educadoras», se planteó como una experiencia para llevar a las aulas el testimonio directo de las víctimas del terrorismo de ETA. Ahora, sin embargo, el futuro Gobierno de Chivite plantea extenderlo a las víctimas de «violencia política», con las que se refieren también a las provocadas por «la extremaderecha o los cuerpos policiales».

Navarra cuenta ya con la llamada Ley de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Una norma polémica que equipara a las supuestas víctimas de la «violencia» del Estado con las de ETA. Con esta ley, cualquier persona podrá solicitar un reconocimiento o incluso una compensación de hasta 500.000 euros -equivalente a una invalidez permanente de una víctima de ETA- acusando de agresión física o moral a funcionarios policiales. Principalmente de la Guardia Civil, objetivo prioritario de esta ley, pero también de otros cuerpos policiales y militares.

A principios de año, el Gobierno de Navarra presentó un informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC), que sostiene que, desde 1979 a 2015, se ha «identificado» a 676 personas que «denuncian» haber sufrido torturas y otros malos tratos en la Comunidad Foral.

El informe – Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidadcriminaliza a la Policía, Guardia Civil y otros funcionarios públicos, sin aportar sentencias judiciales. Apunta además abiertamente a que gran parte de los supuestos torturados eran etarras: «El número de casos denunciados nos permite hablar de abusos a escala importante que, utilizados en un contexto determinado –la lucha antiterrorista principalmente- se han perpetuado hasta tiempos muy recientes, si bien es cierto que, en menor medida, en los últimos años», sostienen sus autores.

Reunión

El acuerdo para la investidura de Chivite prevé, además, «desarrollar en toda su extensión» esa ley, en particular, «impulsar la Comisión de Reconocimiento y Reparación, como base para atender desde las instituciones públicas todas las vulneraciones de Derechos Humanos».

Los socialistas de Navarra se han reunido este miércoles con Bildu para explicar a la formación proetarra el acuerdo de Gobierno suscrito con Geroa Bai y Contigo. Cabe recordar que la abstención de Bildu es necesaria para que María Chivite -que ha evitado estar presente en ese encuentro- pueda ser investida.

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